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De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.
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Si el Gobierno Español accede a continuar el procedimiento por vía judicial, remite el expediente al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Si no estuviera detenida la persona reclamada, el Ministerio de Justicia comunicará al de Interior para que practique la detención preventiva, redacte el atestado, y en el plazo de veinticuatro horas ponga a disposición judicial al detenido.
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Destacamos por nuestra amplia comprensión de los procesos internacionales de extradición y el conocimiento preciso de los tratados y convenios aplicables. Nos aseguramos de que cada caso sea analizado minuciosamente, evaluando tanto la legislación penal española como la del país solicitante.
El tratado de extradición entre estos dos países se viene aplicando desde 1892. A pesar de ser un acuerdo muy antiguo, ya preveía la prohibición de la extradición pasiva si se reclamaba a una persona a fin de juzgarla por delitos políticos.
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En estos casos, España prefiere que los delitos sean investigados y juzgados internamente para asegurar el debido proceso y la correcta aplicación de la ley.
Si la resolución de la Audiencia Nacional es que no procede la extradición, el detenido queda en libertad y se da por finalizada la causa, comunicándolo al Ministerio de Justicia para que este lo notifique al de Exteriores y este al Estado que requería a la persona afectada por el proceso.